El contexto regional está profundamente marcado por avances coloniales y neocoloniales que impactaron sobre las poblaciones originarias. Desde 2007, las comunidades del Norte del Departamento Belén comenzaron un acelerado proceso de etnogénesis enfocadas en la recuperción de sus territorios asestrales. En consecuencia, más de 140 familias del Distrito de Laguna Blanca distribuidas en 5 comunidades indígenas, deben enfrentar una situación consuetudinaria de usurpación territorial.
Historias de luchas, lucha por la historia recuperada
Podemos retrotraer esta situación a la implementación de distintos mecanismos de apropiación de las tierras, ya en momentos de la colonia española, en los cuales personeros de la Colonia se hicieron con la tierra transformándola en un bien privado, territorio que poseía sus habitantes dentro. Así los gamonales, fundados en un sistema de feudalismo andino, posteriormente se fueron legitimando en el aparato judicial de la República, manteniedo así una institución colonial de vasallaje, como era la encomienda de indios. Al instrumentalizar la apropiación tanto de las tierras como de sus pobladorxs, estos mecanismos permitieron acaparar además la fuerza de trabajo indispensable para desarrollar las actividades de ganadería (Delfino, Espiro y Díaz 2007; Pisani 2017), dado que “La propiedad privada se produce sobre la base de desposesión; es decir, a partir de la negación, por la fuerza, de derechos preexistentes, con lo que la legitimidad de la propiedad se enraíza en un acto de fuerza devenido legítimo por el surgimiento de las nuevas disposiciones superestructurales” (Pisani 2017; Delfino y Pisani 2014). En este contexto, también el pasado se configura como objeto de conflicto, en tanto que las comunidades campesinas se reivindican en él como sujetos históricos y políticos, reconstituyendo su etnicidad y afirmando sus valores culturales y sus tradiciones. A las comunidades campesinas originarias de esta región no sólo se las ha enajenado de su territorio, sino que se ha sometido su cultura en un intento de imposición de otra, la de lxs vencedorxs (inkas, españoles, oligarquías y burguesías nacionales) y se ha abolido su condición histórica.
Por ello, el InIP-UNCA se posiciona políticamente, reivindicando la utilidad social de la producción de conocimiento científico-arqueológico (Delfino y Rodríguez, 1989; 1991), donde tanto las investigaciones y acciones del InIP-UNCA como el Museo Integral y sus discursos son escenarios de reivindicaciones y herramientas de resistencia y lucha. En este sentido, se vienen desarrollando actividades que combinan la producción de conocimiento en articulación y apoyo a las comunidades indígenas puneñas.
Entre otros aspectos, en los últimos años, el InIP-UNCA está acompañando los procesos de reivindicación identitaria indígena en curso en la región, con la realización de los relevamientos territoriales de las cinco comunidades indígenas locales en coordinación con lxs caciques y comunerxs.
El Distrito Laguna Blanca, ubicado en el Norte del Departamento de Belén (Provincia de Catamarca) cuenta con 5 comunidades indígenas: Aguas Calientes, Carachi, Corral Blanco, La Angostura y Laguna Blanca. Es así como desde el 2015, realizamos junto con ellas tareas de cartografías participativas, (re)conocimientos colaborativos y prospecciones intensivas de sus territorios en el marco del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
En 2015 el equipo ha realizado el relevamiento territorial de la Comunidad Indígena La Angostura (Personería Jurídica del Re.Na.C.I. N° 292/2013).
En 2018-2019 se realizó el relevamiento territorial de la Comunidad Indígena de Corral Blanco (Personería Jurídica del Re.Na.C.I. N° 41/2019).
En 2019 se realizó el relevamiento territorial de la Comunidad Indígena de Carachi (Personería Jurídica en trámite).
En 2020, se finalizó el relevamiento territorial de la Comunidad indígena de Laguna Blanca (Personería Jurídica en trámite). Se dio también inicio en la campaña de terreno de febrero-marzo a los trabajos para los relevamientos en la Comunidad Indígena de Aguas Calientes (Personería Jurídica del Re.Na.C.I. N° 32/2019).
Esta etapa de trabajo en el terreno nos permite elaborar un inventario de los lugares de uso de cada comunidad, tales como disponibilidad de agua, caminos, viviendas (casas y puestos) o sitios de memoria, así como los límites territoriales. Asimismo, realizamos entrevistas y talleres a fin de registrar la forma de vida tradicional, prácticas, historias y memorias de lxs comunerxs en relación al territorio y a esos lugares de reconocidos. Por otra parte, complementamos las informaciones recabadas en las entrevistas con investigaciones sobre los archivos históricos. Gracias a ello, podemos reconstruir los árboles genealógicos de las familias locales hasta el siglo XVIII.
Otro aspecto de estos trabajos abarca la elaboración de Cuestionarios Socio-Comunitarios de Comunidades Indígenas (CUESCI - Re.Na.C.I.-INAI). El procesamiento de todas estas informaciones permite la elaboración de la carpeta técnica comunitaria que incluye un mapa territorial, una cartografía SIG - Sistema Jaguar y un informe histórico-antropológico, según son requeridos por el Re.Na.C.I. – INAI. Mediante ello, lxs comunerxs indígenas, a través de sus representantes legales, aportan los elementos necesarios ante la Justicia para el otorgamiento del título de propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
Mediante ello, lxs comunerxs indígenas, a través de sus representantes legales, aportan los elementos necesarios ante la Justicia para el otorgamiento del título de propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
Así también se brindó asistencia técnica para las tramitaciones de personerías jurídicas de las comunidades indígenas de Aguas Calientes, Corral Blanco, Laguna Blanca, Carachi, Las Vallas y El Tolar (departamento de Belén, Catamarca).
También, las instalaciones del InIP-UNCA han servido de soporte logístico para la realización de varias asambleas de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca del Departamento Belén.
Marco legal
Estas acciones se enmarcan por lo tanto en la Ley Nacional 26160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas. Dicha ley fue sancionada a fines del año 2006 a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país. La misma fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extiende su vigencia hasta noviembre de 2021. Es una ley de emergencia y de orden público.
Este derecho, entre otros, es reconocido desde 1994 por la Constitución Nacional argentina (Artículo 75, inciso 17, 19 y 22):
"Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones." (art. 75, inc. 17).
La Ley Nº 24.071/92, aprobando el Convenio 169 (Artículo 14 inc. 2) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), establece que los Estados Miembros deben garantizar una amplia participación de las comunidades indígenas en todos los asuntos que los atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Reclamar y obtener este derecho posibilitará a las comunidades indígenas locales seguir construyéndose y consolidándose socialmente sobre la base de su modo de vida tradicional.
Desde 2016, dos de los integrantes del equipo del InIP-UNCA, D. D. Delfino y M. G. Pisani, vienen impartiendo clases en la Escuela de Gobernanza Indígena de Amaicha del Valle (Provincia de Tucumán), diplomatura que impulsa la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. A ella asisten autoridades y comunerxs de distintos pueblos indígenas, entre los que se cuentan integrantes de las cinco comunidades del Distrito Laguna Blanca.
Las comunidades indígenas de la zona todavía deben afrontar situaciones de conflicto que turban los derechos ancestrales de posesión sobre sus tierras. En razón de ello, y antes de que fenezca el plazo estipulado por la ley 26.160 de emergencia territorial indígena (hasta el 23 noviembre de 2021), sus acciones se enfocan a la materialización de las carpetas técnicas probatorias de sus derechos comunitarios ancestrales sobre los territorios.
Por eso, el equipo sigue aportando su saber-hacer para la realización de los relevamientos territoriales de las comunidades a fin de constituir la carpeta técnica requerida por el INAI. Esta carpeta permite a los representantes legales litigar ante la Justicia por el otorgamiento de las tierras que los comuneros tradicionalmente ocupan en título de propiedad comunitaria, en razón de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), lo cual les posibilitará seguir desarrollándose socialmente sobre la base de su modo de vida tradicional.
En 2019, se firmaron cinco Convenios Marco entre el InIP-UNCA y las comunidades indígenas de la Puna Catamarqueña, para regular las prácticas científicas-académicas bajo parámetros consensuados con ellas.
Consideramos de nuestro alcance el apoyar los reclamos de las comunidades puneñas frente a situaciones de injusticias, muchas veces expresadas bajo la forma de actos de violencia o intimidación sobre sus integrantes. Pueden encontrarse en adjunto los comunicados de las comunidades indígenas que hemos apoyado y difundido.
